Cómo los Mossos burlaron la ley el 1 de octubre de 2017
(10/03/2019) Esta semana en el juicio, han testificado mandos de Interior, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.
(Original published: 10/03/2019, 12:30)
La Guardia Civil llevaba investigando asuntos relacionados con el independentismo catalán desde 2014, antes del 9-N, ha dicho el General Ángel Gozalo, comandante de la VII Zona, esta semana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
"De la soberanía nacional no íbamos a hablar en ningún momento", ha confirmado el antiguo Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.
En sus conversaciones con el entonces Gobierno catalán, sin embargo, ellos sólo querían hablar de un tema: el referéndum. Oriol Junqueras, el entonces Vicepresidente autonómico y ahora en el banquillo de los acusados, era "absolutamente partidario a ello".
"Yo no tengo nada en contra de que uno sea independentista", ha dicho Millo: "pero lo que no podéis hacer es infringir la ley […] una parte del pueblo español no puede decir sobre el conjunto del pueblo español."
Le causó "preocupación" la salida de Jordi Jané el 14 de julio como Consejero de Interior, y la de Albert Batlle, director de los Mossos d'Esquadra, el día 17.
Batlle, según el testimonio del Coronel Diego Pérez de los Cobos, le confesó que había dimitido tras la salida del Consejero porque la policía autonómica ya no pensaba cumplir las órdenes judiciales para impedir la celebración del referéndum: "las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1 de octubre venían albergándose desde muchísimo antes".
En una reunión de coordinación antiterrorista en Madrid con el Comisario Ferrán López, tras los atentados del 17 de agosto de ese año, el coronel le preguntó al comisario por la situación: "Si esto sigue, ¿qué vais a hacer?". "Siempre cumpliremos con el mandato judicial", contestó López.
Ya en julio, sin embargo, se les había pedido en una reunión en el despacho de Joaquim Forn, el nuevo Consejero de Interior, que elaborasen escenarios "para llevar a cabo el referéndum", según ha relatado el antiguo Comisario Jefe de Información de los mismos Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví, asistente a ese encuentro.
Después de la reunión, el Sr. Forn hizo declaraciones públicas: "daba un mensaje de normalidad para el referéndum del 1 de octubre".
Ante ese panorama de desconfianza, el Parlamento catalán aprobó los días 6 y 7 de septiembre las leyes del referéndum y de transietoriedad jurídica. Esta última, publicada el día 8 en el Diario Oficial del Gobierno de Cataluña, establecía en su Artículo 3 que "Hasta que se apruebe la Constitución de la República, la presente Ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán".
Inmediatamente después de la aprobación de esas leyes, "se pasa del plano teórico al plano real", ha relatado ante el tribunal José Antonio Nieto, el antiguo Secretario de Estado de Seguridad. La Fiscalía Superior de Cataluña dicta una instrucción para "prevenir o evitar que se celebre el referéndum" y el Gobierno valora el envío de refuerzos policiales a la región para cumplir una doble misión: apoyar a los Mossos d'Esquadra si estos ejecutan las ordenes de impedir la votación, o actuar la Guardia Civil y la Policía Nacional por su cuenta, si no.
Las órdenes del Fiscal Superior estaban "claramente orientadas a impedir la preparación y celebración de este referéndum ilegal", dijo Millo, el antiguo Delegado del Gobierno.
Interior decidió enviar a 6.000 agentes del resto de la nación, el 90% de la capacidad sobrante, según las cifras de Nieto, quien aclaró que hay una dotación permanente de 5.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña: "El fiscal jefe trasladó al responsable de los Mossos d'Esquadra, el Sr. Trapero, que [el despliegue] era insuficiente".
El punto de inflexión para tomar la decisión fue el 20-S.
El día 19, el General Gozalo ya tenía sus dudas sobre la reacción real de los Mossos d'Esquadra: "algo me está fallando", ha dicho ante el tribunal, cuando "hubo un lapsus de unos 40 minutos" en su respuesta a una petición de ayuda en el registro de la empresa Unipost; "mucho" tiempo, según el general.
La ayuda ese día "tardó horas en llegar", según Millo.
A las ocho de la mañana del 20-S, sus hombres estaban en la Consejería de Economía en el centro de Barcelona para acompañar a la letrada de la administración de justicia del juzgado de instrucción nº13 de Barcelona, Montserrat del Toro, en uno de los 41 registros ordenados ese día por el juez.
"Minutos antes", ha dicho el general, avisaron a los Mossos.
"Los Mossos recriminaron a la Guardia Civil que no les informaran", ha confirmado el Sr. Nieto: "pero no podían informar ni a sus mandos orgánicos porque actuaban de policía judicial".
La Sra. del Toro ha explicado al tribunal que el juez había dictado el auto de registro el día 19 y que la orden era de ejecutar cuatro de los cuarenta en despachos de ese mismo edificio, incluido el de Josep Maria Jové, el secretario general de Vicepresidencia y Economía.
Llegaron "a las ocho en punto" con "dos contingentes" de la Guardia Civil, "unos 12 agentes", pero estuvieron casi una hora esperando en el vestíbulo porque nadie les atendía y "nadie nos daba razón de dónde estaban las cosas".
La Sra. del Toro ha descrito "un incidente desagradable fuera" sobre esa hora: "una persona joven se aceró muy cerca del guardia civil que estaba custodiando […] y le pone una bandera muy cerca de la cara y le grita algo y a mi me da la sensación que le escupe".
Mientras, en la calle delante del edificio, "a partir de una determinada hora, se empieza a concentrar un número importante de personas en la puerta", según el Sr. Nieto, el antiguo Secretario de Estado de Seguridad.
A las 09:15, la Sra. del Toro observó una conversación entre una intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y el teniente de la Guardia Civil: "aunque había pedido las medidas de seguridad, que la Sra. Laplana había considerado que a su parecer que era innecesario y que no se tenía que producir ninguna alteración del orden público".
Delante de la puerta, en los vehículos de la Guardia Civil, los agentes habían dejado sus armas largas.
"Efectivamente", confirmó el General Gozalo: "había armas largas con munición antidisturbios", custodiados por la dotación "hasta que humanamente fue imposible" por la creciente multitud.
La documentación presentada por la Fiscalía antes del juicio llega a cifrar en 60.000 los manifestantes que se concentraron en la calle, cómo la letrada salió por la azotea, hecho que confirmó ante el tribunal, y cómo los agentes no llegaron a abandonar el edificio hasta las siete de la mañana siguiente.
Preguntado por un abogado de las defensa cuántos muertos hubo el 20-S, el Sr. Millo ha podido contestar "que yo sepa, ninguno" antes de que el juez Marchena le ha parado los pies al letrado: "A ver, es un hecho notorio que no hubo ningún muerto…no introduzca elementos de ironía o que no tienen transcendencia jurídica…".
El Sr. Castellví, el antiguo jefe de Información de los Mossos, ha confirmado que apenas se detuvo a nadie por los acontecimientos del 20-S: "se denunciaron a dos personas, las que habían robado esas mochilas".
A partir de ese día, saltaron todas las alarmas en Interior y en la Fiscalía Superior.
El despliegue de los refuerzos policiales "comienza a efectuarse el día 20 de septiembre, y queda culminado el 26 de septiembre", ha contado el Sebastián Trapote, entonces Jefe Superior de la Policía Nacional en Cataluña.
El día 21, el Fiscal Superior designa al Coronel Pérez de los Cobos como coordinador de seguridad y el Mayor Trapero muestra "su disconformidad" con la decisión, según el propio coronel, tanto verbalmente como por escrito.
Trapero le entendió "como una injerencia, y como el establecimiento de algún tipo de autoridad por encima de él", en palabras del coronel: "El Fiscal Superior le aclaró que no era así", que "no suponía ninguna jerarquía", "sólo el fiscal les podía impartir órdenes".
"La relación con Trapero siempre fue difícil" y el Fiscal Superior informa al jefe de los Mossos que "ese plan de actuación tal como está redactado no impide la celebración del referéndum".
Se ordenó el cierre y el precinto de los locales que iban a ser los colegios electorales antes del día 30, custodiar esos precintos e impedir su apertura para el día 1. Se producen dos reuniones de coordinación policial a ese efecto, a las que el Sr. Trapero "no asiste, pese a insistir que los Mossos tienen capacidad para afrontar la situación".
El coronel ha negado que tuviera acceso a información procedente de la investigación del juzgado de instrucción nº13: "yo no tenía ninguna interacción con los otros procedimientos".
Tanto el Jefe Superior Trapote, máximo responsable de la Policía Nacional en la comunidad autónoma en ese momento, como el General Gozalo de la Guardia Civil han asegurado que nunca llegaron a ver el plan de actuación de los Mossos, que se entregaba directamente al Fiscal Superior.
El Mayor Trapero era "reacio […] a ser coordinado".
Ambos han confirmado también que ya estaba presente la duda o la disyuntiva entre "garantizar la seguridad colectiva" y "el mandato judicial" y que ambos tenían muy claro que lo primero era hacer cumplir la ley.
El 27 se septiembre, la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, emite en auto ordenando el cierre de los colegios para el 1 de octubre y el día 28 hay una reunión clave entre los representantes del Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat.
La convocó el mismo Carles Puigdemont, con un único punto en el orden del día.
Todos los comparecientes esta semana en el juicio han asegurado que se les avisó a los miembros del Gobierno autonómico presentes que no llevaran a cabo el referéndum porque el Tribunal Constitucional lo había declarado ilegal y había órdenes judiciales para impedirlo.
"La Junta de seguridad fue una cosa, una situación kafkiana" según el Coronel Pérez de los Cobos: "quienes estaban al otro lado de la mesa eran los convocantes de la actividad ilegal que nos habían ordenado impedir".
El Sr. Puigdemont, ha relatado el coronel, se agarraba "como un clavo ardiente" al concepto de convivencia ciudadana como "bien superior" que tenía que imperar "y que él como Presidente de la Generalitat tenía que garantizarlo".
Pidió, al igual que el Secretario de Estado de Seguridad, al Presidente de la Generalitat que desconvocara la votación, "una y otra vez", en palabras del Sr. Nieto: "nosotros le decimos que el bien que había que proteger era la ley".
La junta de seguridad del 28-S fue "un auténtico esperpento", ha dicho el Sr. Millo, el antiguo Delegado del Gobierno. "Lo más fácil", ha opinado, habría sido desconvocar el referéndum para dar cumplimiento a la orden de la juez, pero "se impuso la línea política por encima del criterio profesional".
Preguntado si la junta tenía "un punto de absurdo", Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, asistente a la reunión, ha sido más diplomático en su respuesta: "Sí que teníamos alguna discrepancia sobre la posibilidad de alcanzar una coordinación eficaz entre ambas administraciones".
"La normal convivencia ciudadana no podía ser una excusa", sin embargo, para no cumplir el mandato judicial: "no había que confundir la convivencia ciudadana con la parte dispositiva del auto.
La junta de seguridad terminó sin que el Sr. Puigdemont desconvocara el referéndum, y se reforzaron las dudas sobre qué iban a hacer los Mossos d'Esquadra.
"Teníamos muy pocas esperanzas de que la actuación de los Mossos fuese la necesaria", ha dicho el Sr. Nieto.
El Coronel Pérez de los Cobos ha dicho que los Mossos pensaban no actuar si había mayores o niños en los colegios electorales, que Trapero había anunciado esa misma estrategia en la junta de seguridad, y que no entendía muy bien qué hacía Trapero, como policía judicial con mucha experiencia, haciendo más caso a la frase sobre "convivencia ciudadana" en la parte expositiva de la orden de la juez por encima de lo que decía la parte dispositiva.
"Permanentemente la gran pregunta era '¿Qué van a hacer los Mossos?'"
El plan de los Mossos, guiado por esa convicción de que la convivencia ciudadana era la manera de ejecutar la orden judicial, consistía en pasar por los colegios electorales para levantar 4.469 actas policiales los días 29 y 30 de septiembre.
A pesar de que se les ordenaba cerrar y precintar los locales, a preguntas del fiscal Zaragoza, el Comisario Castellví admitió que los Mossos ni cerraron ninguno ni incautaron material electoral alguno.
En los colegios, se había organizado "actividades lúdicas" de distinta índole, y mucha gente se quedó a pasar la noche.
"Siempre pensamos que el 1 de octubre iba a ser muy complicado, muy difícil", ha dicho el Jefe Superior Trapote. Habían preparado dos escenarios: el apoyo a los Mossos y "tener que actuar nosotros" si la Policía autonómica no cumplía: "teníamos la percepción de que podía darse esa situación".
El General Gozalo ha contado que los grupos CDR hicieron talleres de resistencia previos al 1 de octubre, aunque "tampoco hace falta un máster", y que empleaban un "lenguaje pre-bélico".
El Comisario Castellví ha relatado al tribunal que los Mossos d'Esquadra llevaban vigilando a los CDR desde abril de ese año y que había un informe que hablaba de "IR",
"¿Qué significa "IR" en este informe?", le ha preguntado el fiscal.
"Independentismo revolucionario", ha contestado Castellví.
"En el análisis de riesgos nos equivocamos todos […] El dispositivo […] fue insuficiente."
Ha relatado que la única modificación que realizaron los Mossos al plan de avisos, actos y binomios de atentes era "en el incremento de unas 800 personas en el número total de efectivos".
En la madrugada del 1 de octubre, la Guardia Civil, la Policía Nacional e Interior tuvieron la "constatación fehaciente" de que los Mossos d'Esquadra no iban a intentar impedir la votación, lo que el Coronel Pérez de los Cobos ha descrito como el Escenario B.
El Comisario Trapote llamó al Coronel Pérez de los Cobos quien llamó al Secretario de Estado, el Sr. Nieto. ¿La respuesta? Escenario B, los Mossos no habían cumplido.
Pérez de los Cobos ha calificado su actuación en las primeras horas del 1 de octubre de "nula".
"La excusa del Mayor Trapero [para no actuar policialmente el 1-O] era que hubiesen niños pequeños y personas mayores", ha dicho el Sr. Nieto.
"Nos encontramos con un número importante de personas concentradas delante de los colegios electorales con un objetivo añadido al de votar: impedir que la Policia y la Guardia Civil pudieran hacer su trabajo."
"Esa primera parte del mandato judicial no se había cumplido", ha dicho el Sr. Millo: "el objetivo de la actuación policial era el material electoral, no los ciudadanos".
Se constató "insuficiencia, inadecuación, ineficiencia, ninguna duda de que estábamos ante el incumplimiento de los Mossos", en palabras de Pérez de los Cobos, que anuló todas las reuniones que tenía previsto con la Policía autonómica previstas para ese día: "no tenía sentido".
Cuando acudieron los agentes antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a los colegios electorales, "nos encontramos con la segunda gran sorpresa del día: el grado de virulencia con que tuvimos que hacer frente" con "los grupos de masas perfectamente conformados" que impedían a esos agentes cumplir con el mandato judicial.
Los Mossos no emplearon la BRIMO, sus agentes antidisturbios, el 1 de octubre. "No me consta", ha dicho el Sr. Nieto. Había un "Barcelona-Las Palmas", ha contestado el Sr. Castellví.
El Sr. Millo salió en rueda de prensa para pedirle de nuevo a Carles Puigdemont que desconvocara el referéndum.
En respuesta, el Presidente de la Generalitat "hizo una crítica muy dura contra el Estado, el Estado represor" y "acaba aplaudiendo a las personas que estaban defendiendo las urnas", lo que a Millo le pareció "tremendamente irresponsable" porque "implica necesariamente oponerse a la actuación de la policía judicial".
Los mandos policiales y los técnicos de Interior han confirmado que hubo choques, enfrentamientos, violencia y resistencia, una "actitud virulenta" en palabras de más de un testigo.
Una inicial resistencia "pasiva se convirtió en activa", ha dicho el Coronel Pérez de los Cobos, "en algunos casos se veía a Mossos sujetar las urnas mientras algún ciudadano votaba". Ha descrito la actuación de la Policía autonómica el 1 de octubre de "una gran estafa y puesta en escena".
Los binomios de agentes, ha dicho el Sr. Trapote, no pudieron hacer nada frente a las masas agrupadas "porque era una Utopía".
Los policías negaron que hubo cargas policiales en el sentido técnico de esa expresión, aunque "sí hubo empleo de la fuerza", ha confirmado el Sr. Nieto.
El objetivo en todo momento era intentar cumplir con el mandato judicial de incautar los materiales electorales, y todos han calificado el uso de fuerza de proporcional.
Pérez de los Cobos ha relatado como hubo actuaciones durante todo el día, "no hubo ninguna orden de dejar de actuar", aunque sí se vieron menos actuaciones por la tarde.
Las decisiones de retirada fueron tomadas por los jefes de grupo según la situación en cada centro, apreciación confirmada por el Sr. Trapote con respecto a los policías nacionales.
El Sr. Nieto ha explicado que se debía a "una cuestión física" también, y que los agentes llevaban en la calle desde las cinco de la mañana: "No hubo orden política para retirar el dispositivo policial la tarde del 1 de octubre".
El General Gozalo, preguntado por el uso de "gas pimienta" en el pueblo de Aiguaviva, ha negado que fuera tal, "ningún guardia civil ha usado gas pimienta", sino que se empleó "un spray de defensa personal" que es una de las herramientas que los agentes tienen a su disposición.
"Se trataba de dar acceso a los agentes […] trataba de favorecer el paso al equipo que iba a hacer la intervención" judicial.
El coronel describió 93 guardias civiles lesionados ese día, el Sr. Trapote 65 policías nacionales. Ninguno recibió aviso oficial del número de civiles heridos, aunque vieron la cifra de 800 ó 850 que salía en los medios de comunicación.
Preguntado por Vox, la acusación popular, cuántos Mossos d'Esquadra habían resultado heridos, el Comisario Castellví ha contestado: "No puedo contestar porque no es mi área de competencia".
Hubo "una decena" de detenciones el 1 de octubre, según el Sr. Nieto: "no llegaba".
Tanto el Sr. Trapote como el General Gozalo han descrito un ambiente hostil en los colegios electorales.
"Estaban organizados. Nos bloqueaban, nos agredían", ha dicho Trapote: "la virulencia, la agresividad, incluso haciendo cadenas humanas con el fin de impedir el acceso a los centros".
Preguntado por qué no habían mediado con los grupos en las entradas, ha contestado "¿Mediación con quién? […] No nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo íbamos a mediar?".
Gozalo ha descrito como podía haber "un grupo de gente que harmónicamente se pone junta" en la puerta para impedir el acceso pero que "luego esa resistencia mutaba en un grado mayor de virulencia".
De los 2.259 centros abiertos el 1 de octubre, el Comisario Castellví ha cifrado en 110 o 134 los que llegaron a cerrar los Mossos d'Esquadra, y se ha escudado en el uso de los binomios de agentes: "En todo el día había una pareja, como mínimo, en esos centros".
"El plan de actuación no se modificó, hubo aquel incremento […] y no hubo más modificaciones, creo recordar".
"La percepción de la realidad que tenía el Gobierno de Cataluña era completamente distinta a la que teníamos nosotros", ha explicado el Sr. Nieto: "todo fue bastante surrealista".
Ha añadido que se había creado un clima de "una legalidad paralela, casi una realidad paralela".
"Era un poco el mundo al revés", ha dicho el Sr. Millo. Las instituciones catalanas habían convocado el referéndum y luego llamaron a "defender nuestras instituciones".
"En un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley", ha dicho el Coronel Pérez de los Cobos.