Día 4: Turull y Romeva niegan la violencia y el delito y subrayan las dudas que tenían entre la ley y la política
(19/02/2019) El tribunal le permite a Romeva un discurso político de 20 minutos; Turull no recuerda muchos detalles claves a preguntas de la Fiscalía.
(Original publicado: 19/02/2019)
En este cuarto día del juicio de los doce acusados separatistas en el Tribunal Supremo en Madrid, el antiguo portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull (PDeCat), ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado y el antiguo consejero de asuntos exteriores, Raúl Romeva (Esquerra), se ha limitado a contestar a las de su abogado, reflejando así las decisiones tomadas la semana pasada por Joaquim Forn (PDeCat), que eligió contestar a las preguntas de las acusaciones, y Oriol Junqueras (Esquerra), que no.
El Sr. Turull, al principio cabreado, indignado y combativo, se ha lanzado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, aunque el juez Marchena le ha tenido que llamar la atención varias veces por emitir juicios de valor en vez de centrarse en las preguntas.
Ha dicho que la declaración de independencia era la "expresión de una voluntad política" y que sus documentos de referencia eran al programa de gobierno de Carles Puigdemont y el programa electoral del partido: "Nosotros éramos Junts pel Sí, para sí a la independencia, no juntos porque sí".
En largas respuestas políticas y filosóficas a las preguntas de su abogado, el Sr. Romeva se ha definido—igual que el Sr. Junqueras la semana pasada—como "un preso político", "europeista, demócrata y republicano" y ha dicho que "siempre" y durante "toda mi vida" había apostado por el derecho de autodeterminación "en la convicción de que la construcción de la paz es el mejor eje posible para construir una comunidad".
Ha añadido que ni "ningún tratado internacional o europeo" ni la Constitución española "en ninguno de sus artículos" prohiben tal derecho. El Artículo II de la Constitución estipula que "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
El Sr. Turull ha defendido a los ciudadanos de Cataluña, que "no son ovejas" y que "tiene criterio, estamos en el Siglo XXI" e igual que el Sr. Forn la semana pasada, no ha recordado muchos detalles claves sobre las preguntas formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Interrogado por una reunión en agosto de 2016 y la correspondiente nota en su agenda ("*preocupado por la desestabilización del Parlament*"), ha contestado que "yo iba a hablar de lo mío", que tenía muchas reuniones y que "no lo recuerdo". Sobre un aviso del Tribunal Constitucional, ha asegurado que "me enteré por la prensa", que "no me lo sé de memoria", o que "era viernes".
El único dato observable en los primeros 20 minutos de la declaración del Sr. Romeva ha sido que en el año 2015 se había incorporado a la lista electoral de Junts pel Sí.
Ambos acusados han negado conocimiento alguno del documento estratégico Enfocats, descubierto por la Guardia Civil durante el registro de la casa de Josep María Jové. El Sr. Turull, aún reconociendo que conocía al antiguo secretario general de la Consejería de Economía, ha dicho que "nunca" había visto el documento, hasta que lo hizo "a través de la nube de la causa", en referencia a los documentos del juicio, y al Sr. Romeva no le constaba "ni el texto en si, ni la existencia del texto, ni a nadie que lo conociera".
Ambos han negado también que sus actos constituyeran delito alguno. El Sr. Turull ha dicho que "entendíamos que todo era perfectamente legal" y que, aunque "es una obviedad" que las medidas policiales del 1 de octubre eran necesarias porque no habían desconvocado la votación, "convocar un referéndum fue despenalizado de forma expresa". El Sr. Romeva ha afirmado que "lo que hemos hecho es lícito, legítimo, incluso diría que es legal", o que "manifestarse no puede considerarse nunca un alzamiento".
El Sr. Turull ha negado haber visto un informe policial clave advirtiendo de los riesgos del 1-O—"no, no, no lo he leído"—y ha negado el uso de fondos públicos para organizar el referéndum.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía le han preguntado por la campaña *Civisme*—aquellos anuncios con las vías del tren y el eslogan "*naciste con la capacidad de decidir*"—aprobada "de manera colegiada y solidaria", y el gasto de 3,43 millones de euros en publicidad para el 1-O que salió en los medios de comunicación con el logotipo de la Generalitat. "Cuando yo llego al departamento", ha dicho: "me dicen que no hay un euro", añadiendo que "no hay encargos, no hay facturas, no hay nada de nada", o que "no se gastó un euro en el referéndum".
También ha negado que el Gobierno catalán tuviera relación comercial alguna con la empresa de mensajería Unipost. La Fiscalía ha mostrado a la Sala una factura de la empresa con los datos de la Generalitat, incluida la consejería del Sr. Turull, y éste ha contestado "Esto no es de la Generalitat. La Generalitat no tiene nada de nada con Unipost".
"Es de Unipost", ha precisado el fiscal. "No hay factura de Unipost porque no se encargó nada", ha replicado el Sr. Turull, añadiendo más tarde que "la misma presidenta de Unipost aseguró que no existían tales facturas".
El acusado tampoco ha sabido explicar dónde se había hecho el censo universal para el referendum, "ni idea", cómo habían llegado las urnas a los colegios electorales, "aún a día de hoy no sé cómo se adquirieron", cuándo se había enterado de que la secretaria judicial había tenido que salir por el edificio de al lado el 20 de septiembre, "al día siguiente, diría yo", o cuándo había visto que los vehículos de la Guardia Civil se habían destrozado, "al día siguiente, en los medios de comunicación".
Ha afirmado que se había creado tantas réplicas de la página web para la votación no para evitar a los tribunales sino como defensa ante la amenaza de ciberataques.
Ambos hombres también han hablado de la dificultad de encajar la ley con la política—como si fueran incompatibles o si no tuvieran claras las prioridades—y han rechazado el uso de la violencia, que "no tiene justificación" (Turull), "no, nunca, rotundamente no, jamás" (Romeva).
El Sr. Turull ha acusado al Gobierno español de incumplir reiteradas veces las sentencias del Tribunal Constitucional y el Sr. Romeva ha dicho que mientras él estaba en el banquillo de los acusados "los que amenazan la Europa de los derechos y de las libertades están sentados hoy donde las acusaciones".
El antiguo portavoz del gobierno catalán ha argumentado varias veces que como político tenía que "ponderar" si la ley, los tribunales y las múltiples órdenes judiciales, instándoles a que parasen, pesaban más que la política y la sociedad: "un político tiene que ponderarlo todo".
Preguntado por Rosa María Seoane (Abogacía) cómo, entonces, había interpretado en la práctica las órdenes del Tribunal Constitucional, el Sr. Turull ha contestado que "si hay voluntad política, se puede encontrar ese encaje".
En parecido sentido, el Sr. Romeva ha llegado a afirmar que "el principio de la legitimidad democrática está en condiciones de igualdad con el principio de la legalidad".