Día 5: ¿el mandato democrático o el imperio de la ley?
(23/02/2019) Los acusados se niegan a contestar a las preguntas de Vox; el Rey dice que no se puede apelar a la democracia sin respetar la ley.
(Original publicado: 23/02/2019)
En el quinto día del juicio de los doce separatistas en Madrid, declararon cuatro personas. Todas tenían buena, precisa y clara memoria de su desconocimiento del documento Enfocats o de dónde salieron las urnas y las papeletas, y la certeza total de la ausencia de gasto público en el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El antiguo consejero de territorio, Josep Rull, rezumaba confianza ante la Sala pero rozó la arrogancia al corregir a la fiscal, Consuelo Madrigal, por una mala descripción en un documento, aleccionar a los magistrados sobre la democracia u opinar sobre la calidad del interrogatorio: "tengo la sensación de que estas preguntas son un poco retóricas…". Su tono de voz sugería que quería presidir la Sala en vez de sentarse en el banquillo de los acusados.
"Por favor, no interrogue Usted a la fiscal", le llegó a decir el magistrado, Manuel Marchena, en una de sus múltiples reprimendas: "Vamos a evitar el debate entre quien pregunta y quien responde".
Gran parte de ese debate versó sobre el "mandato democrático" o el imperio de la ley. El Sr. Rull habló de "un triángulo" conceptual, añadiendo a los dos anteriores la legitimidad: "el mandato relevante es aquello que constaba en el programa electoral, que no fue impugnado en ningún momento".
"Nosotros nos presentamos a unas elecciones […] cumplí con el mandato democrático de la ciudadanía", argumentó: "El gobierno estaba vinculado al mandato del pueblo de Cataluña expresado en las urnas".
"Nunca pensaba que era delito, entonces seguimos avanzando", afirmó la antigua consejera de trabajo y asuntos sociales, Dolors Bassa. Contrapuso la sentencia del Tribunal Constitucional a la voluntad del "80% de la población": "Me sentía servidora pública y eso es cumplir con el mandato democrático de las personas".
Alejados del Tribunal Supremo, el Rey Felipe y el Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, también se pronunciaron sobre el tema. "No es admisible apelar a una supuesta democracia sin respetar la ley", dijo Su Majestad. "Lo que es inadmisible es el Estado utilizando los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía", contestó el Sr. Torrent.
Todos los acusados negaron haber usado dinero público para el 1 de octubre. "Ninguno", dijo el Sr. Rull, "ni un euro", "no encontrará ninguna factura relacionada" porque había un control "extraordinario" al gobierno catalán, reducido al papel de una mera "gestoría" debido a la vigilancia de Hacienda. "En mi departamento no se utilizó ni un euro para el referéndum", afirmó Mertixell Borrás, la antigua consejera de gobernación.
"En el momento en que suspende la ley, no hacemos nada más" aseguró la Sra. Bassa.
Tanto ella como el Sr. Rull argumentaron que las partidas presupuestarias del proyecto de ley de marzo de 2017 sólo eran provisiones de fondos, pero no para el 1 de octubre sino para una futura votación acordada con el gobierno central o para preparar las siguientes elecciones autonómicas o generales.
El Sr. Rull criticó "un déficit importante de autoridad moral" del Tribunal Constitucional, y la Sra. Bassa afirmó que no cumplió con los seis requerimientos porque sólo se trataba de "un conflicto transitorio".
Preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre la razón por la cual no se había planteado suspender el referéndum o interpelar a sus compañeros, Carles Mundó, el antiguo consejero de justicia, contestó: "Usted me atribuye competencias que no tenía".
Más allá del documento Enfocats, negaron un complot estratégico con la hoja de ruta. Era una "declaración de intenciones", en palabras del Sr. Rull; "no había una estrategia conjunta sino un programa conjunto para conseguir la independencia", dijo la Sra. Bassa.
El Sr. Mundó dijo que firmaron todos juntos la convocatoria del referéndum porque "es un hecho extraordinario […] justamente para enfatizar el carácter político de ese momento".
La movilización ciudadana "es la base de todo", explicó el Sr. Rull, "un elemento fundamental en cualquier democracia", aunque su visión del derecho a la manifestación contradecía "la del ministerio fiscal".
El 1 de octubre "nunca se vio como un acto concluyente para la independencia", dijo la Sra. Bassa, quien además desconocía cómo habían llegado las urnas a los colegios electorales ese día. Los centros se abrieron para permitir la organización de "butifarradas" y bailes para los mayores: "en mi departamento no se estaba haciendo ninguna acción concreta para el referéndum".
El Sr. Rull tampoco sabía nada del origen de las urnas, los sobres y las papeletas, pero aseguró que "la fuerza de la esperanza es extraordinaria…tenía una confianza íntima, profunda que aparecerían […] era una confianza en mi país".
La Sra. Bassa contradijo al ex-portavoz Jordi Turull sobre la relación de la Generalitat con la empresa de mensajería: "sí que habíamos trabajado con Unipost […] sí que se había trabajado anteriormente con Unipost".
La ventaja del censo universal, explicó el Sr. Rull, volviendo al tema del día, era que "permitía un equilibrio entre las resoluciones judiciales vigentes y el derecho de los ciudadanos a votar".
Tachó a la declaración de independencia de "declaración política", una mera "propuesta de resolución". Para la Sra. Bassa "el 27 de octubre, después del acto politico y pacifico que hubo, no hubo nada más".
Preguntada por la firma de una declaración de independencia anterior en el Parlamento catalán, el día 10 de octubre, explicó que fue "un acto político que se hacía en una sala que no era el pleno".
El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en su auto de procesamiento del 21 de marzo de 2018, concluyó que ese día en esa sala "firmaron una declaración de independencia. En ella acordaban: i). Constituir la república catalana, como estado independiente y soberano".
Todos los acusados se negaron a contestar las preguntas de Vox, la acusación popular, "por respeto a las personas que han sufrido xenofobia, racismo, homofobia" (Rull) o "por respeto a las mujeres de España" (Bassa).