Día 7: urnas mágicas y 500.000 euros en longanizas
(26/02/2019) "El franquismo también era un Estado de derecho", aseguró Jordi Cuixart; "Respeto mucho al Tribunal Constitucional", dijo Carme Forcadell.
(Original publicado: 26/02/2019)
En el séptimo día del juicio, han declarado los últimos dos de los doce acusados, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ex Presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
Ambos están acusados de rebelión, sedición y organización criminal, con solicitudes de penas que van desde los 8-10 años de la Abogacía General del Estado, por sedición, hasta los 62 años que pide Vox, la acusación popular, por dos delitos de rebelión y otro de organización criminal.
Ambos, como los anteriores diez acusados, se han negado a contestar las preguntas de Vox.
"Yo soy un preso político", dijo el Sr. Cuixart, "no un político preso". Aseguró que el objetivo de su organización era "generar consensos" y "fortalecer la democracia en Cataluña, y si puede ser en todo el mundo". Apeló a la Plaza Tiananmen, Rosa Parks, Ghandi y Martin Luther King. A tal fin, habían llegado a gastar hasta 500.000 en longanizas para una de sus manifestaciones.
Declaró que después de "500 días" en prisión provisional ya no buscaba salir de la cárcel "al precio que fuera" y que renegaba de sus declaraciones ante el juez instructor.
"El pacto que el autogobierno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, forma parte genéticamente de este imaginario colectivo que tenemos como país", dijo.
Describió el 1 de octubre de 2017 como "el ejercicio de desobediencia civil más grande que se ha hecho en Europa". La desobediencia civil era un "instrumento de transformación de la sociedad", un "ejercicio de protesta, de mostrar nuestra desconformidad".
Los acontecimientos del 20 de septiembre eran "un punto de inflexión" pero negó haber convocado a los manifestantes a la Consejería de Economía ese día, pese a que el fiscal mostrara a la Sala las horas de un tuit suyo, "todo el mundo a Rambla Catalunya con Gran Vía" (08:59) y la posterior petición de convocatoria oficial (10:13).
Admitió que la situación en la puerta del edificio era "aparatosa" pero se esforzó, sobre todo en la ronda de preguntas de su abogada, en describir la naturaleza "pacífica" y aún "festiva" del día. Por el pasillo de la ANC, entraba "quien quisiera y como quisiera porque no había ningún tipo de control".
No negó que la herramienta de Omnium Cultural era la movilización de masas, que es lo que busca cualquier asociación de ese mismo tipo, crear "un tsunami democrático". El 1 de octubre fue "un ejercicio de dignidad colectiva".
Sí negó, como todos los demás acusados, que hubiera violencia: "en ningún caso fue violento, no hubo violencia".
E igual que todos los demás, tuvo lagunas sobre detalles específicos que le podrían incriminar más. El fiscal le preguntó si sabía que había 700 personas bloqueando la entrada de uno de los colegios electorales el 1 de octubre: "Yo no sé si había 700 personas", contestó.
Dijo que "el franquismo también era un Estado de derecho"o que "los coches de la Guardia Civil también son en parte de la sociedad catalana".
"El derecho de manifestación se defiende manifestándose. En este país, y me refiero a España, se ha luchado mucho por defender derechos fundamentales."
El juez, Manuel Marchena, le llamó la atención varias veces por su lenguaje excesivamente coloquial ("hostia", "cojones") y al final se hartó de las repetidas intervenciones políticas e ideológicas del presidente de Omnium Cultural.
Carme Forcadell, la ex Presidenta del Parlamento catalán, arrancó con otra queja por la falta de traducción simultánea al catalán, y procedió a negar que hubiese ignorado las repetidas órdenes y advertencias del Tribunal Constitucional en los dos años anteriores al 1 de octubre: "No está en nuestra voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional".
"Me limité a cumplir el reglamento del Parlament y los derechos fundamentales", dijo, incluso admitiendo que el Tribunal Constitucional, en palabras de la fiscal, Consuelo Madrigal, es el "intérprete supremo" de los derechos humanos.
"Respeto mucho al Tribunal Constitucional", afirmó, aunque criticó que el tribunal "quiso que la Mesa del Parlament fuera un órgano censor".
"Considero que en los últimos años ha habido una politización del TC y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Cataluña y temas territoriales ha usado criterios políticos en lugar de jurídicos."
Alabó la labor de los letrados de la cámara autonómica, "siempre cumplen con sus funciones, y lo hacen con un exceso de celo y me parece muy bien".
"Ellos hacen referencia a informes jurídicos, nosotros tenemos que tomar decisiones políticas."
Negó que ella pudiera permitir "nada, es el pleno del Parlament que puede cambiar las cosas".
El 6 de septiembre de 2017, se alargó la sesión de la cámara hasta la noche no porque los diputados separatistas estaban forzando la máquina para saltarse la Constitución, sino porque "se tramitaron muchas resoluciones, precisamente para garantizar los derechos de todos los diputados".
Era "absolutamente falso" que hubiese dicho que los Mossos d'Esquadra tenían que incumplir las órdenes del Estado, y también "absolutamente falso" que hubiese llamado a ocupar los colegios electorales el 1 de octubre.
La fiscal mostró un vídeo a la Sala de la Sra. Forcadell subida a un escenario con los Sres. Cuixart y Sánchez, animando al público a ir a votar el 1 de octubre pese a la prohibición de los tribunales: "la mejor manera de demostrar que no tenemos miedo es yendo a votar el 1 de octubre […] Os pedimos que el día 1 de octubre vayáis a votar […]".
No tenía ni idea de dónde habían salido las urnas o las papeletas: "creo que eso no lo sabe nadie…me gustaría saberlo".
Admitió que firmó el día 10 de octubre firmó lo que Llarena describe en el auto de procesamiento como una declaración de independencia, "fuera del hemiciclo" y caracterizó la declaración del 27 de octubre de "propuestas de resolución […] políticas sin consecuencias jurídicas".
Ambos acusados, igual que muchos de los demás, propusieron diferencias significativas entre el imperio de la ley y lo que consideraban que era su obligación política para con sus votantes.
Tenían que "salir a la calle a defender los valores democráticos", dijo el Sr. Cuixart, "defender la democracia es obligación de la ciudadanía" porque "el Estado de derecho no está por encima de la democracia".
"Teníamos la obligación de defender la libertad de expresión, de iniciativa de los diputados", argumentó la Sra. Forcadell, "la inviolabilidad parlamentaria y la soberanía de la cámara".
El juicio sigue mañana miércoles, 27 de febrero, y entra en la fase de interrogar a los testigos quienes, a diferencia de los acusados, tienen la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes.