Día 8: el jurado sopesa cuatro versiones sobre cómo Quezada mató a Gabriel y si quiso humillar a los padres
(18/09/2019) La magistrada subraya que los peritos médicos de la acusación particular no participaron en la autopsia o en el análisis de las muestras.
(Original publicado: 18/09/2019)
Han llegado cuatro versiones de la muerte de Gabriel Cruz al objeto del veredicto que el jurado debe ahora considerar, tras recibir sus instrucciones y el agradecimiento de la magistrada Alejandra Dodero este miércoles por la mañana.
¿Mató Ana Julia Quezada al niño con golpes del hacha, dejándolo agonizar durante 45-90 minutos en el suelo antes de asfixiarlo, lo asfixió tras lanzarlo contra el suelo o la pared, le tapó la boca por los insultos que le profería a sabiendas de que eso podría causarle la muerte, o fue una muerte accidental?
Los jurados deben actuar con "total independencia" y "responsabilidad" para llegar a conclusiones razonables con imparcialidad, "sin odio ni afecto", sobre cada pregunta en la lista, que tiene una extensión de 22 páginas. En caso de dudas "razonables", deben aplicar el principio de in dubio pro reo: las dudas favorecen a la acusada.
"Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha dicho la magistrada.
Y como el fuero interno de una persona, su intención, es tan difícil de discernir, ha explicado Dodero, tendrán que atender a sus actos anteriores, coetáneos y posteriores y "recuerden que la acusada no tenía la obligación de decir la verdad" en sus declaraciones ante el tribunal.
Ha aclarado ciertos conceptos jurídicos para los jurados: ¿"se eliminan totalmente las posibilidades de defensa de la víctima" o Gabriel percibía "una total despreocupación" con la acusada porque era la pareja de su padre? En ese caso, habría alevosía y una condena por asesinato.
¿Aumentó el sufrimiento del niño como alega la acusación particular? Entonces habría ensañamiento, que también llevaría a una condena por asesinato, o a una condena mayor si concurre con la alevosía.
La magistrada ha reconocido que "hemos tenido discrepancias" entre las versiones de la Fiscalía y la acusación particular, y ha explicado a los jurados que en estos casos los jueces distinguen entre una y otra opción en base a la cualificación de los peritos y la metodología que han empleado para llegar a sus conclusiones.
En este caso, los forenses del Instituto de Medicina Legal y el patólogo llevaron a cabo la autopsia y analizaron las muestras del cadáver. Los peritos médicos aportados por la acusación particular ofrecieron "su interpretación" de la autopsia y de los resultados de las muestras, pero no participaron en la realización de las mismas directamente.
A los cuatro conjuntos de hechos corresponden cuatro calificaciones jurídicas distintas: asesinato por alevosía y con ensañamiento (la tesis de la acusación particular), asesinato sólo por alevosía (la tesis de la Fiscalía), homicidio doloso u homicidio imprudente (ambas opciones de la defensa).
Las opciones para la pena de cárcel van desde los tres años de cárcel que solicita la defensa por homicidio imprudente hasta la prisión permanente revisable que solicitan la Fiscalía y la acusación particular por asesinato.
Los nueve jurados deben pronunciarse también sobre los hechos que llevaron al fatal desenlace en la finca de Rodalquilar el 27 de febrero de 2018: si entabló Quezada una relación sentimental con Ángel Cruz, si convivió con él y con Gabriel los días de visita, si se trasladaron los tres a Las Hortichuelas para pasar unos días en la casa de la abuela, si Gabriel anunció que se iba a jugar con los primos después de comer, si salió o no la acusada detrás de él para interceptarlo, si la finca "se encontraba en un lugar alejado y deshabitado" y si Quezada "era consciente de su superioridad respecto del niño".
En sentido favorable para su defensa, el jurado debe decidir si concurren los atenuantes de confesión, "indicándoles que había ocultado la ropa del menor en un contenedor verde situado en Retamar", y de arrebato, "presa de la ira, ante las palabras del niño diciéndole 'negra, fea quiero que mi padre este con mi madre'".
Con respecto a los dos delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los hechos a considerar por el jurado son casi idénticos: ¿cavó una fosa para enterrar al niño y le intentó seccionar el brazo o "presa del pánico, quedo bloqueada sin saber que hacer, e incapaz de asumir las consecuencias, hizo un agujero y enterró a Gabriel"?.
Durante los 11 días que duró la búsqueda, ¿dijo o no dijo a los padres—"generando falsas expectativas sobre la aparición del niño"—que 'hoy lo vamos a encontrar, hoy va a aparecer, le vamos a dar coca-cola…el niño me dijo esa mañana que quería llamarte y le dije que a la tarde cuando llegara su padre'" o, al contrario, "incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber como explicarlo a su pareja, ante la repercusión mediática de los hechos […] continuó ocultando lo ocurrido hasta su detención"?
Una cuestión central es el elemento de su intención en ese periodo, igual que con la acusación de asesinato: ¿pretendía "vilipendiar, humillar y vejar" a los padres, de modo deliberado, "quiso y fue consciente de que aumentaba el sufrimiento", o sólo "evitar que se descubriera su implicación en los hechos"?
El 3 de marzo, ¿colocó la camiseta en el cañaveral para distraer la atención de la búsqueda y añadir más sufrimiento a los padres?
El 9 de marzo, en la concentración de apoyo al menor, ¿apareció "portando una camiseta donde aparecía la cara del niño y poda leerse 'Todos somos Gabriel'"?
El día 11 de marzo, ¿desenterró a Gabriel en la finca de Rodalquilar y, "con absoluto menosprecio hacia" él, "profirió expresiones como 'donde lo puedo llevar, a algún invernadero, ¿no quieren un pez?, les voy a dar un pez por mis cojones'"?
El jurado debe llegar a una conclusión también sobre si ambos padres sufren estrés post-traumático y "una disrupción completa en sus actividades cotidianas con dificultad de adaptación a la nueva realidad", que aún necesita tratamiento, a raíz de lo ocurrido.
¿Y hasta qué punto Quezada actuaba "bajo los efectos de medicación ansiolítica como Alaprozam, Lorazepan y Lormetazepan lo que la llevo a ocultar lo acontecido hasta su detención"?
El jurado se encuentra incomunicado—sin acceso a medios o teléfonos móviles—hasta que llegue a un veredicto. En caso de prolongarse las deliberaciones, se alojarán en un hotel hasta que terminen.
Las preguntas favorables a la acusada necesitan una mayoría de 5 de 9 jurados; los puntos desfavorables, una mayoría de 7 de 9.