Día 8: Rajoy, Montoro, Mas y el show de la CUP
(27/02/2019) El juez expulsa de la Sala y multa con €2.500 a Antonio Baños y Eulalia Reguant (CUP) por negarse a contestar las preguntas de Vox.
(Original publicado: 27/02/2019)
Joan Tardà: "este juicio está inspirado en la venganza"
Artur Mas: "nunca se quiso entrar en un vacío legal"
Soraya Sáenz de Santamaría: "sobre el referéndum nada tenía que hablar"
Mariano Rajoy: "España es lo que quieren los españoles"
Cristóbal Montoro: explica conceptos contables a la Sala
Antonio Baños: expulsado de la Sala
Eulalia Reguant: expulsada de la Sala
Marta Pascal: Puigdemont convocó el referéndum
Nuria de Gispert: "muchas veces" se había debatido la independencia
Joan Tardà (ERC) ha sido el primer testigo en declarar en la nueva fase del juicio de los doce separatistas en el Tribunal Supremo en Madrid. Ha arrancado con un conato de protesta: "Hablaré en catalán a las preguntas de Vox…". El magistrado presidente le ha cortado de inmediato: "Mire, no empezamos bien…".
El juez había recordado a todos tan sólo un par de minutos antes que quería hechos y no valoraciones sobre otros temas. En los primeros 20 minutos, ha vuelto a interrumpir al Sr. Tardà, a la acusación popular, Vox, dos veces, y a un abogado de la defensa, por la misma razón.
"Este juicio está inspirado en la venganza", ha continuado el Sr. Tardà. Los acontecimientos de 2017 en Cataluña fueron "la voluntad de un pueblo indefenso, cívico, pacífico y democrático". Aseguró haber avisado al entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), que si optaba por "la judizialización y la represión" iba a acabar todo con "presos políticos y exiliados" y "aquí estamos".
Se reunió con los acusados, en su calidad de diputado y en las reuniones de su partido e, igual que los acusados, ha afirmado conocer al Sr. Jové pero desconocer la existencia del documento estratégico Enfocats.
Llegó la mañana del 20 de septiembre a la Consejería de Economía en el centro de Barcelona "en taxi" porque venía del hospital, "oí por la radio que ciudadanos estaban concentrándose" y era "mi deber" acudir. "Tomé la palabra" para decir que "todo había que hacerlo cívicamente […] y que votaremos".
Ha declarado que no vio ningún acto de violencia, y ha dicho ante el tribunal que "Felipe VI hizo un discurso que avalaba la represión".
Artur Mas, el ex Presidente de la Generalitat y el predecesor de Carles Puigdemont en el cargo, ha dicho que el Gobierno autonómico de su sucesor había convocado la votación del 1 de octubre.
Hubo reuniones con el Gobierno de Mariano Rajoy pero el Sr. Mas no las ha caracterizado de "comisión" o "comité", aunque "siempre sería bueno que tuviéramos algunas personas interpuestas" para "mantener siempre vivo el hilo del diálogo". El grupo llegó a la conclusión de que "no pudo haber acuerdo".
Dijo al Gobierno catalán antes del día de la votación que no abandonaran "nunca" la posibilidad de convocar elecciones autonómicas anticipadas, como vía de salida a la crisis.
Ha negado que existiera un comité estratégico. "El debate de ideas" de la ANC y Omnium Cultural llegó "a la mesa del Gobierno catalán" pero el Sr. Puigdemont no le dijo en ningún momento que había consultado con esas organizaciones. Llegó a enviar un capítulo del Libro Blanco, en el que se analizaban "distintos escenarios", al Sr. Rajoy.
Ha dicho que conocía la hoja de ruta de las organizaciones independentistas de marzo de 2015 pero que "se puede hacer una hora de ruta un día, esa hoja de ruta se puede transformar en programa político, o no […] en cualquiera de estas fases, el programa puede ser distinto".
Ha negado que se quisiera"entrar en un vacío legal", que fuera automática la designación de Carme Forcadell como Presidenta del Parlamento catalán—se tomó la decisión "en octubre de 2015"—que se hablara de tomar el control de los Mossos d'Esquadra o que se hablara de controlar infraestructuras críticas, "en ningún momento hubo un plan operativo para hacer eso que Ud. sugiere".
Querían que "el resultado del 1-O fuera vinculante desde el punto de vista jurídico pero no se consiguió".
"El Gobierno de la Generalitat nunca pretendió saltarse la ley de protección de datos."
Soraya Sáenz de Santamaría, la ex Vicepresidenta del Gobierno (PP), y la primera política no separatista en declarar ante el tribunal, ha afirmado que se había reunido tres veces con el entonces Vicepresidente catalán, Oriol Junqueras (ERC), y que la última vez, en enero de 2017, le había dicho que "sobre el referéndum nada tenía que hablar".
Se negó "rotundamente" a hablar de ese referéndum, "porque el Gobierno de la Nación no puede disponer sobre la soberanía […] mi obligación es cumplir la ley […] si eso se quiere hacer, hay que reformar la Constitución". El Sr. Junqueras "no tenía interés en el resto de asuntos". Preguntada si el acusado había hablado de usar esa vía de reforma constitucional, ha contestado: "No, nunca".
"Cualquier acto que en el Parlament o en otras instituciones pudiera ser contrario a la Constitución, inmediatamente recurríamos al Tribunal Constitucional."
Tanto ella como Mariano Rajoy, que contestó las preguntas con energía y entusiasmo, negaron ante el tribunal conocer los pormenores de los operativos o reuniones policiales durante el periodo en cuestión. "No era mi tarea", aseguró la ex Vicepresidenta, quien añadió que le "preocupaba" la situación con los Mossos d'Esquadra a partir del verano de 2017.
Tuvieron conocimiento de los actos de violencia y las imágenes de esa violencia eran "públicas y notorias" y "todo el mundo" las vio en los medios de comunicación. Ambos dirigentes aseguraron que si los votantes no hubiesen sido convocados, no se habrían producido las imágenes esa mañana.
La Sra. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno había tomado la decisión de enviar refuerzos policiales a Cataluña el día 21 o 22 de septiembre de 2017, tras los acontecimientos del día 20 en Barcelona. El barco hotel para los agentes desplazados había solicitado su atraque para el día 19 por la "capacidad de anticipación" del Ejecutivo.
Ambos dijeron que el Gobierno había optado por la aplicación del Artículo 155 de la Constitución y no el 116, referente a los estados de sitio, excepción y alarma, porque "consideramos que era la medida más acorde en la Constitución" (Santamaría) o "era más operativo y además más justo" (Rajoy).
Era un clima "intolerable" dijo la Sra. Santamaría, "ellos tomaron la decisión de seguir adelante, a sabiendas, yo creo que era una estrategia absolutamente concertada". El Gobierno llegó a presentar 63 recursos ante el Tribunal Constitucional, "más de 20" sobre temas de soberanía. "Eran plenamente conscientes […] que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional", dijo el Sr. Rajoy, quien añadió que en su opinión la votación del 1 de octubre no llegó a ser un referéndum.
El Sr. Rajoy dijo que en los meses y años anteriores, había hablado seis veces con Artur Mas y dos veces con el Carles Puigdemont.
¿Consideraban que estaba en riesgo el orden constitucional? "Por supuesto", dijo la antigua Vicepresidenta. "Era una situación excepcional", apuntó el Sr. Rajoy: "un Gobierno de la Generalitat no puede saltarse la ley ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía", quien añadió que estaba "francamente preocupado" por la situación.
La diferencia entre la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la votación del 1 de octubre de 2017 era, en su opinión, la ausencia la primera vez de una declaración unilateral de independencia y que la primera no era vinculante.
"España es lo que quieren los españoles y no una parte de los españoles."
El Sr. Rajoy dijo que había atendido a Iñigo Urkullu, el Presidente del País Vasco, pero que no recordaba los detalles, y negó que fuera para negociar, "todos sabían que yo no iba a negociar" sino para intentar convencer al Sr. Puigdemont de convocar elecciones anticipadas.
El Sr. Urkullu declara mañana jueves.
Cristóbal Montoro, el antiguo Ministro de Hacienda, explicó algunos conceptos contables a la Sala y las diferencias entre el control presupuestario ordinario y las investigaciones financieras por irregularidades llevadas a cabo por la Guardia Civil, con quien su ministerio había colaborado.
Los controles económicos del Gobierno central al Gobierno autonómico se habían incrementado conforme se acercaba el 1 de octubre. El Sr. Junqueras envió una carta en septiembre negándose a seguir con dichos controles, al amparo de las leyes de referéndum y de transición jurídica que había aprobado el Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre.
La antigua dirigente de PDeCat Marta Pascal declaró que había conocido el documento estratégico Enfocats a través de los medios de comunicación, y admitió que el Sr. Puigemont le había dicho que él y su Gobierno habían decidido convocar el referéndum.
"En absoluto" quiso abandonar "la vía del diálogo". El 20 de septiembre, vio a la gente "pacífica, normal" y con actuaciones musicales.
A continuación llegó un momento de drama en la sala, al negarse dos miembros de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Reguant, a contestar las preguntas de Vox, "la extrema derecha", por "dignidad democrática y antifascista", en palabras del Sr. Baños.
El juez Marchena les ha recordado su deber de contestar a todas las partes y las posibles consecuencias penales de su negación, e incluso ofreció al Sr. Baños la posibilidad de contestar las preguntas de Vox a través de la Presidencia de la Sala.
Finalmente, ha expulsado a ambos, con multa de €2.500. Tendrán otra oportunidad para declarar y si se siguen negando serán investigados por desobediencia.
Nuria de Gispert, antigua Presidenta del Parlamento catalán, ha terminado la ronda de testificales de hoy asegurando que "la Mesa no puede limitar el debate parlamentario", y que "muchas veces" se había debatido sobre la independencia de Cataluña en la cámara autonómica.
"Eran resoluciones de carácter político y por eso no se pueden impugnar."