Día 9: armas de guerra, salir a comer por Barcelona y una propuesta de diálogo bilateral
(02/03/2019) El antiguo Ministro del Interior asegura ante el tribunal que los Mossos d'Esquadra no cumplieron con el plan acordado para el 1 de octubre.
(Original publicado: 02/03/2019)
Urkullu: propuso diálogo bilateral
Urkullu: a Puigdemont "los manifestantes se le estaban rebelando"
Zoido: los Mossos d'Esquadra no cumplieron el 1-O
Zoido: había un pedido pendiente para armas de guerra
Benach: la Mesa decide lo que va al Pleno
Colau: el 1-O "estaba lleno de gente autoorganizada"
Rufián: el 20-S "yo fui a comer, yo fui a merendar"
Dante Fachin: escuchó "las apelaciones constantes a la democracia"
Domenech: "el Estado había entrado en una lógica de guerra"
El Presidente vasco, Iñigo Urkullu, se reunió en 2017 tanto con Carles Puigdemont, el 19 de junio en el Palacio de la Generalidad, como con Mariano Rajoy, el 19 de julio en Moncloa. El Sr. Puigdemont le contó que había una situación de "bloqueo absoluto" y solicitó su intervención. También habló con otra serie de personas "todas ellas conocedoras de la situación en Cataluña".
Habló por teléfono con el Sr. Rajoy el 21 de septiembre, tras los acontecimientos del 20-S. Ha dicho que la intensidad de sus contactos con todos hasta el 27 de octubre fue "prolija", con presentación de "4 ó 5" propuestas, en aras de evitar tanto la declaración de independencia como la aplicación del Artículo 155, "todo se estaba yendo de las manos" y "había que medir mucho los pasos que se pudieran dar".
"El Presidente del Gobierno español me contestó que en lo posible haría lo mínimo y cuidaría al máximo todo aquello que se hiciera."
El Sr. Urkullu propuso "un espacio de tres meses de tiempo de distensión" con comunicación bilateral, cada Gobierno representado por tres personas en una mesa de diálogo, "no entiendo lo que pueda ser una actuación basada en la crispación".
La actitud del Sr. Rajoy "no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser encauzar la situación".
Cree que el Sr. Puigdemont sí cumplió con el requerimiento enviado por el Gobierno central sobre el Artículo 155, sobre todo por la última frase de la respuesta del día 19 de octubre, que terminaba "…a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre".
No hubo negociación sobre la autodeterminación de Cataluña y sí sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas. El día 26 de octubre, sin embargo, el Presidente catalán le comunicó que no podía cumplir.
"Los manifestantes se le estaban rebelando y que no podía proceder a convocar elecciones y evitar la aplicación del 155."
Entendía que había una voluntad real de diálogo por ambas partes, "no hubiera aceptado una mediación sobre cuestiones que no me competen", y que ni el Sr. Puigdemont "quería declarar la independencia" ni el Sr. Rajoy "quería el 155".
"En absoluto" había hablado con el Sr. Rajoy sobre la aplicación del Artículo 116 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y sitio.
Gabriel Rufián (ERC) ha testificado que había cogido el AVE a Barcelona la mañana del 20 de septiembre de 2017, y que cuando llegó "había bastante confusión, pero "me chirría mucho que se dice que aquello fue una rebelión porque yo fui a comer, yo fui a merendar".
"Ud no ha venido aquí a decir 'muchísimas cosas'", le reprendió el presidente de la Sala, Manuel Marchena, "el tribunal lo que pide es que lo describa, no que lo valore […] está como testigo en una sala de Justicia".
"La única violencia que vi fue el 1-O", dijo el diputado, "estaba la Guardia Civil apaleando a la gente", "a señoras mayores".
Afirmó que era "socio de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del vídeo club" y que no tenía "ni pajolera idea" sobre la hoja de ruta independentista.
A Albano Dante Fachin, el antiguo líder de Podemos en Cataluña, el juez Marchena le tuvo que reprender nada más empezar con los datos personales.
Preguntado cuál era su profesión, el Sr. Dante Fachín contestó "precario".
"¿Qué es eso?", preguntó el magistrado, cortándole la explicación para recordarle que si pensaba montar un circo, estaba el agente judicial quien le invitaría a abandonar la Sala.
La mañana del 20 de septiembre de 2017, el testigo se dirigía a Barcelona en tren "para atender diversas cuestiones" de partido de cara al referéndum, "…el mandato de la militancia que era llamar a la participación masiva el 1 de octubre".
Vio "en El Mundo" que se estaban produciendo los registros en la Consejería de Economía, "me dirigí hacia allí", estando desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, "más o menos".
"Ya había periodistas de las cadenas de televisión, creo que de Antena 3 y de Telecinco, subidos a los coches de la Guardia Civil."
Escuchó "las apelaciones constantes a la democracia" de la multitud y dijo que estaba cerca de la puerta del edificio y que había visto a "más de una decena" de personas entrar y salir "de manera bastante normal".
Preguntado por qué había acudido ese día al acto, contestó que por una "profunda preocupación" por cuestiones que "afectaban la democracia".
Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha mostrado a la Sala su "incomodidad" por tener que responder a las preguntas de Vox, que ha calificado de grupo de "extrema derecha".
No estuvo "físicamente" en la concentración del 20 de septiembre en Barcelona, sino que recibió información de sus compañeros. Vio una participación "masiva, pero pacífica".
"No recuerdo una situación como está", ha dicho, "ni como alcaldesa ni antes". Ha añadido que "la situación general era de mucha excepcionalidad".
El intento de la Policía Nacional de entrar en la sede de la CUP sin requerimiento judicial "acrecentó" la situación de "alarma social". Hubo una "enorme preocupación" porque "los derechos fundamentales, incluso las instituciones, podrían estar en peligro".
El 1 de octubre "participé, en mi doble condición de ciudadana y alcaldesa" y "tuve que hacer llamadas como alcaldesa porque se produjeron cargas policiales brutales ante unas votaciones que habían sido pacíficas".
Ha contado a la Sala que "el 1 de octubre fue organizado por la gente […] estaba lleno de gente autoorganizada" y todo se había hecho "liderados por la ciudadanía". El paro de país del 3 de octubre "fue convocado por todo el mundo".
Lo que no le pareció "espontánea" fue la actuación policial.
Ernst Benach, Presidente del Parlamento catalán entre 2003 y 2010, dos legislaturas, ha dicho ante el tribunal que "la función de la Mesa es cualificar las propuestas de resolución", y que la iniciativa legislativa es promovida por "el Gobierno, los grupos parlamentarios o la ciudadanía", no la Mesa.
"La Mesa no entra a juzgar contenidos, juzga la forma de presentación", ha explicado, y "el orden del día se ha alterado muchas veces una vez iniciado el pleno".
"En el Parlament siempre ha habido una diversidad de grupos muy grande. Sólo hace falta que un grupo pida la lectura única."
A preguntas de la Fiscalía, sin embargo, también ha reconocido que corresponde a la Mesa admitir a trámite las propuestas, que la Junta de Portavoces decide lo que entra en el Pleno y que lo que no se admite a trámite no puede llegar al Pleno.
Ha explicado que en el año 2010 no se admitió a trámite una propuesta de ley sobre un referéndum "porque no cumplía con los requisitos de forma".
El Secretario General y el Letrado Mayor del Parlamento ayudaban a preparar el orden del día de la Mesa, y "normalmente" sólo se aprueba con el conocimiento del Presidente de la Mesa, eso es el Presidente del Parlamento.
Por la tarde, la comparecencia más larga y detallada ha sido la de Juan Ignacio Zoido, el Ministro del Interior en el momento de los hechos.
Ha explicado que el primer contacto entre la Fiscalía e Interior tuvo lugar a raíz de la suspensión de la ley del referéndum el día 7 de septiembre. El Secretario de Estado empezó a estudiar el envío de refuerzos policiales a la comunidad autónoma.
El día 22, tras los hechos del día 20 no sólo en Barcelona, "sino los 41 registros que hubo", envió una notificación al Consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre el envío.
Ha cifrado los refuerzos en 6.000 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil, en un primer momento y hasta el fin de semana del 1 de octubre para actuar "en auxilio" a los Mossos d'Esquadra.
Le ha parecido una cifra "muy elevada" la sugerencia que habrían sido necesarios 90.000 agentes en total para cumplir con la orden judicial de cerrar y precintar los más de 2.200 colegios electorales.
"A mí me trasladaban que iban a cumplir", ha dicho en referencia a los policías catalanes, "albergábamos la esperanza de que recapacitaran". Había "dudas" pero el Coronel Pérez de los Cobos, al mando de la coordinación political, "decía que al final cumplirían".
"El 29 empezaban a decir que lo importante era que el referéndum, que la gente pudiera votar."
Ha negado saber muchos detalles—"yo no diseño operativos policiales ni los valoro"—o que diera órdenes directas a la Policía Nacional o la Guardia Civil sobre qué tenían que hacer el 1 de octubre.
Las defensas le han preguntado por supuestas contradicciones en las distintas órdenes judiciales o gubernamentales en los días previos a la votación, pero el Sr. Zoido ha dicho que "lo que es cierto" es que ese día "no había" unidades de Mossos.
"No se vieron ese día unidades de intervención de los Mossos d'Esquadra, o no los vieron."
El Secretario de Estado le dijo que "no se habían cumplido" las condiciones con los Mossos, que "era totalmente insuficiente y a las pruebas me remito". No habían cerrado "prácticamente ningún colegio".
El 1 de octubre, los refuerzos policiales intervinieron en 131 colegios electorales, según las cifras del ex ministro, y "lograron cerrar otros 100 sin problemas".
Las actuaciones de los agentes que intervinieron le parecían "proporcionadas" con "un uso racional de la fuerza para impedir un acto delictivo".
En los colegios electorales, había "unos auténticos escudos humanos que impedían que se podía acceder".
"Dónde permitió el acceso, no hubo ningún problema."
"¿Qué hubiera sucedido si no se hubiese alentado, si no se hubiese impulsado ese referéndum ilegal…?", se ha preguntado, y si hubiesen actuado los Mossos d'Esquadra de acuerdo con el plan que se tenía previsto.
Preguntado por su opinión sobre el antiguo jefe de los Mossos d'Esquadra, ha contestado que "parece que el Sr. Trapero no era muy colaborador".
"Hubiese sido todo totalmente distinto", si los Mossos hubiesen colaborado.
A preguntas de la Fiscalía, ha confirmado que cuando accedió al cargo de Ministro del Interior, en noviembre de 2016, "había una solicitud pendiente de compra de armamento, de finales de 16 […] del que frecuentamente ellos utilizaban, de lo que se llaman armas de guerra, y munición".
Ha dicho que no recordaba si el pedido incluía lanzagranadas. Se denegó: "se entendió que no era necesario".
El testimonio de Xavier Domench (En Comú Podem) ha durado poco. En cuanto ha confirmado ante el juez que el 20 de septiembre estuvo en Madrid y no en Barcelona, el magistrado le ha invitado a abandonar la Sala.
Antes de marcharse, ha hecho comentarios sobre el juicio como "síntoma de fracaso democrático" y que durante esas semanas "el Estado había entrado en una lógica de guerra".
A continuación, han entrado para marcharse aún más rápidamente tres testigos adicionales, Josep Ginesta, Francesc Iglesias y Adria Comella, todos descritos como diputados de Esquerra, pero todos imputados en otra causa relacionada en los juzgados de Barcelona y por lo tanto con derecho a no declarar en el juicio del Tribunal Supremo.
El juicio sigue el lunes por la mañana con el testimonio de nueve personas más, entre ellas el actual Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el antiguo letrado mayor del Parlamento, Antonio Bayona, y el antiguo Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló.