💰 El Gobierno español "más feminista" concede menos cárcel a violadores condenados
Si Sánchez cesa a la Ministra de Igualdad, podría estallar la coalición. Si no lo hace, da munición a la oposición para las elecciones generales de 2023.
Vender tu gobierno de coalición progresista y de izquierdas como el ejecutivo más feminista de la historia de España para luego permitir que tu Ministra de Igualdad impulse una nueva legislación sobre delitos sexuales cuyo resultado es la reducción inmediata de las condenas de cárcel para algunos violadores ya condenados, incluidos violadores de niños, y para otros agresores sexuales repugnantes, es una gran cagada, seamos sinceros.
Sin embargo, en cuanto a grandes cagadas sistémicas se refiere, ésta es más compleja que los goles políticos en los titulares y el desprecio arrogante en Twitter sugieren. Hay un gobierno de coalición y hay elecciones generales en 2023.
La ley en cuestión es la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del “solo sí es sí”, fuertemente impulsada por el gobierno de izquierdas socialista-comunista de Sánchez en general y de manera específica e intensa por la Ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), y su equipo de asesores de género. Entró en vigor el 7 de octubre.
El espíritu de la nueva ley, como ha argumentado la ministra en su defensa esta semana y como el Presidente del Gobierno recordó desde la reunión del G20 en Bali ayer: “fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres […] ese es el objetivo". Fue “una gran conquista del movimiento feminista en nuestro país”. Entre otras cosas, unificó el concepto de “violación” y eliminó el requisito anterior de violencia contra la víctima para que los tribunales lo catalogaran como tal, algo que hicieron otros países europeos hace años.
La letra de la nueva ley, que no su espíritu, es el origen de la cagada. Como parte del proceso de redefinición, introduce nuevas pautas para las penas mínimas y máximas para los jueces, para los diferentes delitos sexuales cometidos en diferentes circunstancias, pero las disposiciones penales y constitucionales imponen siempre aplicar la norma más favorable al reo. Así que un violador de niños condenado a, digamos, seis años de prisión en el extremo mínimo de la ley anterior obtiene una revisión de su condena y una reducción de dos años bajo la nueva ley si el nuevo mínimo se ha establecido en cuatro años.
Los expertos jurídicos dicen que incluso si el gobierno se apresurara en tramitar una rectificación en el Congreso, estos principios legales significan que no se detendría la revisión de las condenas para todos los violadores ya condenados que se encuentran actualmente en la cárcel en algún lugar de España si su condena concreta encaja en una de las nuevas horquillas para las que ahora sea obligatoria una revisión. Según lo entiendo yo, ni el Supremo podría deshacerse de las partes de la ley que finalmente considerara especialmente problemáticas—es el poder judicial, no el legislativo—a pesar de la insistencia ayer del Presidente en que ahora corresponde a los tribunales decidir qué hacer al respecto como una cuestión de doctrina. He preguntado esta mañana, pero no está claro cuánto tardaría el Supremo en sentarse a ver todo.
Todo esto tarda su tiempo mientras corre el reloj de las elecciones generales.
Diferentes expertos legales han reaccionado de diferentes maneras, como siempre ocurre. Inicialmente, Twitter y los medios se llenaron de abogados que se apresuraban a demostrar que tenían razón y a reclamar corriendo menos tiempo en la cárcel para sus clientes delincuentes sexuales. La oposición (PP, Vox, Ciudadanos) se unió alegremente a la fiesta política, a la carrera hacia la portería abierta que el gobierno había creado: “¡Te lo dijimos!” ha sido el grito general, y ahora por supuesto exigen que la ministra dimita.
Casi nadie ha hablado de las víctimas y de cómo podrían estar esta semana.
La mitad podemita del gobierno empeoró todo ayer al lanzar un ataque público para culpar a los jueces por interpretar mal la nueva ley. Han continuado con esa denigrante retórica populista hoy. Todos las asociaciones de jueces de España, además del Consejo General del Poder Judicial formalmente, han rechazado frontalmente las críticas y han señalado que el problema es la redacción defectuosa de la letra de la nueva ley que ha salido del Gobierno y del Congreso. Ellos se limitan a aplicar esa nueva ley, de acuerdo con los principios legales establecidos, y este ha sido el resultado. Tres de las cuatro asociaciones han pedido la dimisión de la Ministra.
Otros juristas parecían estar en desacuerdo, o al menos parecían interpretar las cosas de otra manera, este miércoles. En La Rioja, los tribunales decían que habían analizado 54 condenas de distintos delincuentes sexuales y que de alguna manera no habían visto la necesidad de revisar ninguna de ellas. Un catedrático de derecho penal escribió un artículo de opinión en El País defendiendo la nueva ley y cómo había sido redactado, unificando el concepto de “violación”, que ahora se basa íntegramente en la falta de consentimiento y sin necesidad de que haya violencia de por medio, “no es una mera rebaja de la pena legal de un mismo delito, sino la fusión de dos delitos distintos en uno solo”, escribió, y recomendó a los tribunales que estudien con cuidado cada caso con “sentido común”, no solo “en resoluciones de dos líneas que dicen que la pena ha bajado”.
Algunos abogados, en algunos sitios, Twitter o algún artículo, advirtieron que esto podría pasar. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe de febrero de 2021 previo al trámite parlamentario de la legislación, dijo—eso sí, hace año y medio en medio de una pandemia—en las páginas 89 y 142 de un documento de revisión de 150 páginas, que las nuevas condenas propuestas conducirían a la revisión de algunas existentes. Pero hasta done yo recuerde, no ha habido alerta roja nacional general a nivel político o en los medios advirtiendo a la sociedad española de que la nueva ley, tal como se había redactado, conduciría directamente a que muchos violadores, incluidos delincuentes sexuales con víctimas infantiles, obtendrían de inmediato y de forma chocante menos tiempo en la cárcel, o incluso la libertad.
Aparte de eso, ¿qué papel han jugado los abogados del gobierno y en los ministerios en todo esto? No son menos ilustrados en cuanto a las distintas sutilezas jurídicas y a los principios desconocidos pero aplicables que los abogados defensores expertos o los jueces. ¿Por qué no llamaron más la atención de los ministros para obligar a alguien a redactar una versión mejor que habría evitado este desenlace? ¿O lo hicieron pero fueron desautorizados por los políticos y sus asesores?
Los ministros son los responsables últimos de su legislación, incluso el propio Presidente, dada su defensa contínua de la ideología y la filosofía detrás de la ejecución del concepto por parte de Montero, pero no tengo claro ni que ella vaya a renunciar ni que Sánchez la vaya a cesar. Hay un Gobierno de coalición y el año que viene hay elecciones generales.
Si Sánchez le pide que se vaya, podría estallar la coalición. Si no lo hace, dará a Vox, al PP y a Ciudadanos munición para la campaña, un marco gratuito: “la hemos cagado bien en derecho y delitos”, incluso un momento Willie Horton, meses antes de arrancar la campaña. Su supervivencia política inmediata depende de no cesarla pero eso empeora sus posibilidades el año que viene. El machaque mediático de la derecha será implacable si no hace nada.
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