¿Hasta qué punto los españoles están hartos del separatismo catalán?
(29/03/2019) Dentro de un mes hay elecciones generales: ¿qué mensaje enviarán los votantes a las élites que gestionan España?
(Original published: 29/03/2019, 22:11)
A menudo, el periodismo es un privilegio. Le permite a uno visitar todo tipo de lugares y hablar con todo tipo de gente en todo tipo de niveles sociales, económicos o políticos. Uno se da cuenta de lo grande y complejo que es un país o de lo poco que se hablan entre ellos los distintos grupos que puede haber en una sociedad. Necesariamente, porque sólo hay 24 horas en un día y todos tenemos cosas que hacer. En cada viaje, se forma un poco más la visión que tiene uno del todo.
El tema catalán, por ejemplo. En el juicio, se va a decidir lo que se va a decidir a nivel penal durante los aún varios meses que quedan. Dentro de la sala, la bandera que hay justo a la derecha de Marchena le da la legitimidad y la autoridad que tiene para ejercer la Justicia en nombre de todos los españoles y su Constitución, vigente en todo el territorio nacional, incluida, como no podía ser de otra manera, Cataluña. Aunque casi, como vimos en 2017, fue de otra manera.
Si no hubiesen actuado los policías y los guardias civiles en la mañana del 1 de Octubre, habiendo constatado, como ha testificado el Coronel Pérez de los Cobos, que no fue hasta la madrugada de ese día que tuvieron la "constatación fehaciente" de que la actuación de los Mossos había sido "nula"; si no hubiesen actuado los fiscales y los jueces con sus autos e instrucciones; y si no hubiesen actuado—por fin, aunque tarde para muchos—el Gobierno de Rajoy y el Senado, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y todos los demás ya estarían en su república independiente y España a día de hoy tendría un 20 por ciento menos de PIB.
Ellos, por ellos, se iban y, durante esas semanas, el conflicto catalán desbordó los confines de la comunidad autónoma. Se convirtió, a raíz de lo que estaba ocurriendo, de lo que se retransmitía en los medios de comunicación y de las reacciones emocionales que hubo, en un problema para la Nación, y para los españoles en el resto del país.
Una Constitución, además de ser la norma máxima en un territorio, reparte el poder en el mismo de una determinada manera. Posibilita y canaliza las pretensiones de los distintos grupos con respecto a ese poder, legitimado y autorizado por esa Constitución, para evitar, antes que nada, que dicho territorio sea una selva, sujeta sólo a los deseos y estrategias del más fuerte o del más astuto. Establece también cierta jerarquía y separación de poderes y enlaza las partes en un todo coherente. Si todo se desarrolla y se transforma dentro de los límites de la misma, no debe de haber problemas mayores.
El poder lo ocupan las distintas élites, que compiten entre ellas para poder dirigir los asuntos de la nación o de los territorios o ámbitos subordinados de la manera que creen conveniente. De un día para otro, un fontanero de Torre Pacheco (Murcia) no va a llegar a Presidente del Gobierno y un agente de la Policía Nacional de Mieres (Asturias) no va a presidir el Tribunal Supremo. En cada ámbito, varias élites compiten para ostentar el poder: PSOE y PP (y ahora Podemos, Ciudadanos o Vox) quieren gobernar la nación; en Cataluña, tenemos las corrientes separatista y constitucionalista y dentro de cada una, PDeCat vs. Esquerra o PSC vs. Ciudadanos.
En cierto modo, el juicio del procés es un juicio de élites, entre élites y, aunque sorprenda al ciudadano ordinario, las élites de un país tampoco hablan entre ellas todo lo que se podría suponer desde la distancia de la vida cotidiana en un polígono de Sevilla o una fábrica de Bilbao. Y de ahí los problemas, no sólo por la falta de interacción y comunicación en los momentos necesarios, sino también porque la pertenencia a una élite u otra determina—y a menudo limita—la gama de posibles respuestas disponibles para enfrentar dichos problemas mayores.
Igual que un obrero en Badajoz o una ama de casa en Alicante tienen una visión necesariamente limitada del todo nacional, les pasa lo mismo a un juez, un médico o un ministro. Distinta perspectiva en cada caso, pero también limitada.
Cada élite o grupo, representando una corriente u opción o poder, viene con cierta moralidad, cierto enfoque en los asuntos internos de ese mismo grupo y cierto modo de ver el todo. Igual que las personas somos egocéntricas, los grupos morales prefieren y defienden su opción para ellos mismos y para el resto. Cada uno suele creer que su solución es la mejor. A nivel de la Nación, la Constitución, las leyes y el derecho regulan dichas diferencias, en un primer momento incompatibles, entre adultos que discrepan o incluso discuten, de una manera aproximadamente equitativa, y para evitar esa selva.
De ahí que cuando alguien intenta saltarse la norma fundamental, estamos ante un problema mayor. Y este en concreto—decida lo que decida el Supremo en el juicio—requiere de una solución potente porque es un problema mayor muy complejo que afecta a múltiples ámbitos (político, jurídico, económico) y múltiples capas (Estado, Gobierno, autonomía, sociedad, municipios, incluso familias) del todo nacional. Tras la deriva negativa de la situación en 2012, sigue habiendo dos millones de españoles que no quieren serlo.
Primero el Sr. Mas y luego el Sr. Puigdemont forzaron la máquina constitucional. El Sr. Rajoy tardó lo que tardó en reaccionar, tras estar varios años negándose a que pasara lo que finalmente pasó. El Sr. Torra, igual que sus predecesores, también va de astuto, y el Sr. Sánchez, igual que su predecesor, no ha sabido solucionar el problema. En 2019, las exigencias separatistas son aún más imposibles que las de 2017: ahora no sólo quieren la independencia sino también la liberación de los presos. El "diálogo" del Sr. Sánchez ha tenido el mismo efecto que el "no diálogo" del Sr. Rajoy. Estamos ya en el séptimo año del procés.
Lógicamente se ha enfocado gran parte del debate sobre la crisis catalana en Cataluña, que si separatistas o constitucionalistas, PSC o Ciudadanos, el Sr. Puigdemont o el Sr. Mas, la Sra. Arrimadas o el Sr. Domenech, la CUP, los CDR y todo el tema. Dos gobiernos nacionales han intentado a su manera solucionarlo. Los jueces y fiscales están con su parte. Pero el problema sigue ahí y los españoles en el resto del país, no sólo en Cataluña y en Madrid, son muy conscientes de ello.
En diciembre se votó en Andalucía, la primera vez que había habido comicios en algún rincón del resto del Reino desde la crisis de 2017, y todos los escaños que cambiaron de manos fueron a parar a los dos partidos que más abiertamente han plantado cara a los independentistas: Ciudadanos y Vox, siendo este último la gran novedad. Dentro de un mes, el 28 de abril, se vota en toda España en las elecciones generales. ¿Qué mensaje enviarán los votantes ordinarios a sus élites, sobre todo con respecto a Cataluña? ¿Qué dirán los obreros de Badajoz o las amas de casa en Alicante? ¿Votarán los fontaneros de Torre Pacheco o los policías nacionales de Mieres a favor de un poquito más PSOE o Ciudadanos, otro giro sutil, o decidirán que ya basta de separatismo, que si no lo ha sabido solucionar ninguno desde hace siete años, que otro 155 y esta vez mucho más potente, como proponen Abascal y Casado?