La lenta Justicia española llega por fin al accidente del Alvia en Angrois
Han tardado más del doble de tiempo que se pide de cárcel para los dos acusados en preparar el juicio. Un testigo ha fallecido mientras.
Nueve años. El accidente fue hace nueve años. El tren descarriló hace 3.361 días y hoy ha comenzado el juicio. Las víctimas supervivientes y los familiares y el maquinista, ahora uno de los dos acusados, llevan 480 semanas sufriendo, preocupándose, preguntándose por qué diría la Justicia y por fin les han montado un macro juicio en la Ciudad de Cultura en Santiago de Compostela que, si no recuerdo mal, se veía un poco desde la curva en la vía en Angrois donde murieron 80 personas en unos instantes aquel julio hace 110 meses.
El juicio durará nueve meses y estará dividido en dos partes, la penal para determinar la culpabilidad del maquinista, Francisco Garzón Amo, y del ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y la civil para determinar la compensación. Se pide hasta 57 millones de euros. Si las víctimas y los acusados tienen suerte, igual salen los veredictos y las sentencias para el décimo aniversario del accidente, el año que viene. Otro año de preocupación y preguntas.
La Fiscalía sólo pide cuatro años de cárcel para los dos acusados, por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones imprudentes. Si sumamos dos años más para los recursos y la casación en el Supremo, que con tanto abogado de por medio en tan mediatizado macro juicio, podemos dar casi por hecho, habrán estado doce años esperando saber si van a estar cuatro encarcelados, que son cuatro o doce años más que los que han tenido los fallecidos, cuatro o doce años de abrazos y sonrisas que no han tenido los
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuenta 110 letrados y 47 procuradores “agrupados” en 154 acusaciones representando a 446 personas. Son tantos que los han puesto en grupos, con números, y esta mañana iban hablando con la juez y apuntándose a las distintas protestas en este primer día de trámites procesales iniciales llamando por número, como si estuvieran en la cola de la carne en el supermercado. “No le veo, letrado”, dijo la juez en varias ocasiones, “¿Quién habla?”. “Aquí al fondo, señoría”, contestaba alguno.
Una gran cantidad de ellos alzaron la voz al comienzo de la mañana para apuntarse al intento de cortar la retransmisión en directo del juicio. Que la justicia pública no fuera transparente, que los ciudadanos no la vieran. Que infringía los derechos de uno y otro acusado o acusador, o todos a la vez. Afortunadamente esta vez, la juez, María Elena Fernández Currás, al mando de esta enorme operación logística judicial, ha rechazado esa pretensión de los letrados. Quien quiera podrá ver las sesiones y lo que cuenten más de 500 testigos y más de 100 expertos en las próximas 36 semanas.
Varios abogados han comenzado sus argumentaciones ante el tribunal haciendo referencia a documentos de 2013 ó 2014. “¿Ha fallecido el forense?”, ha preguntado la juez cuando un letrado intentaba precisar algo en relación a la comparecencia de ese médico de algún modo. No fue el caso. Un testigo que estaba en la lista, Alejandro García Pérez, sí falleció mientras esperaba tantos años este juicio. No se oirá su testimonio.