Los primeros dos días del juicio del procés
(13/02/2019) Las defensas arremeten contra el Juzgado nº13 de Barcelona, "la causa madre"; "no es el independentismo lo que se juzga", dice la Fiscalía.
(Original publicado: 13/02/2019, 23:10)
El magistrado Manuel Marchena, presidiendo la sala en el arranque del juicio de los doce separatistas catalanes en el Tribunal Supremo en Madrid, dijo el martes por la mañana que iba a ser "generoso en la gestión de los tiempos" y las acusaciones y las defensas han tardado un día y medio en exponer sus argumentos iniciales sobre las cuestiones preliminares.
Éstas, sobre todo con las defensas, han sobrepasado lo jurídico para divagar en múltiples ocasiones hacia la retórica y la argumentación políticas.
Los abogados de las defensas, unos más incisivos y otros más monótonos, se han centrado en protestar por un supuesto ataque a los derechos fundamentales de sus clientes o por la repetición de quejas por la inadmisión de pruebas testificales, periciales o documentales sobre las cuales el tribunal ya se había pronunciado en autos previos al comienzo del juicio oral.
La secretaria del tribunal leyó la larga lista de acusaciones, que incluye la malversación, la desobediencia, la sedición—que pide la Abogacía General del Estado, con sus correspondientes penas menores—y la organización criminal, que pide Vox. En el delito de rebelión, especificó los puntos primero, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", quinto, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", y séptimo del Artículo 472 del Código Penal, "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
Este último punto está relacionado con el uso que hicieron los acusados de 17.000 agentes armados. "Los Mossos d'Esquadra que se ponen completamente del lado de la rebelión", en palabras del fiscal Fidel Cadena el miércoles.
En suma, se les acusa de haber planificado y declarado la independencia de Cataluña en octubre de 2017, "segregándola así del Reino de España", en palabras de la secretaria de la sala, o una "separación completa del derecho", en palabras del fiscal Fidel Cadena, y aunque a nivel político durara poco con la huída del Sr. Puigdemont a Bruselas y la aplicación del Artículo 155 para cesar ese mismo fin de semana a todo el Gobierno autonómico.
El martes por la mañana, Andreu Van den Eynde Adroer, el abogado del antiguo Vicepresidente del Gobierno autonómico, Oriol Junqueras, y el antiguo consejero de asuntos exteriores, Raúl Romeva, lo calificó todo de "juicio excepcional" y alegó que "tenemos derecho a vivir en democracia", porque "hay reglas hasta en la guerra, eso es la civilización".
El miércoles por la mañana, la Fiscalía llegó a darles la razón. "Este es el juicio del triunfo de la democracia", dijo el Sr. Cadena (Fiscalía), "del Estado de derecho y de los principios de igualdad ante la ley”. "Nadie está por encima de la ley" recordó su compañero, Javier Zaragoza, en "un juicio en defensa de la justicia española".
Benet Salellas, el abogado de Jordi Cuixart, el presidente de Omnium Cultural, lamentó que "este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar".
Las defensas reiteraron sus solicitudes para la admisión de alguna prueba o la presencia de algún testigo, como Carles Puigdemont o personas que podrían certificar la identidad del misterioso usuario de Twitter: "Hay que averiguar si el señor Baena es Maquiavelo o Tácito", dijo la abogada Olga Arderiu Ripoll, la abogada de la antigua Presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell.
ATAQUE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Varias de las defensas arremetieron el martes contra un supuesto ataque a los derechos fundamentales de sus clientes, entre ellos la libertad de expresión, el "derecho a la protesta" o el derecho a la reunión y a manifestarse.
El Sr. Van den Eynde (Junqueras, Romeva) alegó que "se criminaliza" el uso de periódicos, conferencias, gritos, cánticos, caceroladas o incluso aviones de papel aunque "existe una cuestión catalana que se debe de poder expresar" y que "lo que hacen los catalanes es protestar".
"¿Por qué siempre es el derecho penal el que tiene que intervenir?", se preguntaba: "la causa no puede impedir que se debata la independencia en un parlamento".
Pedro Fernández, abogado de Vox, la acusación popular, alegó que “la libertad de expresión está sometida en una sociedad democrática a los límites que imponen la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública y la defensa del orden”.
El Sr. Salellas (Cuixart) describió "una situación cercana a la vulneración de los derechos fundamentales" cuyo fin último sería tener un "chilling effect" [sic], o efecto disuasorio, en los demás ciudadanos frente al Estado, y que "50 páginas" del escrito de acusación se dedicaban a describir a gente manifestándose, lo cual era "incompatible con un Estado social y democrático".
"¿Qué tiene que hacer el Estado con las manifestaciones?", preguntaba el Sr. Van den Eynde (Junqueras, Romeva), "Estrasburgo lo tiene muy claro: protegerlas".
Mariano Bergés, el abogado de Dolors Bassa (ex consejera de Trabajo), añadió comentarios sobre la restricción de la libertad y comentó la prisión provisional de su cliente, argumentando que todo los ciudadanos deberían tener seguridad en el conocimiento de qué condiciones podrían llevarles a ser privados de esa libertad, y que su cliente había cumplido con todas las exigencias de comparecencia impuestas hasta la fecha por el juez instructor.
NARRATIVAS
El Sr. Van den Eynde (Junqueras, Romeva) llegó en su narrativa a contrastar el "derecho penal democrático" con "el derecho penal del enemigo", e incluso habló del derecho penal "del lado oscuro", como si del último capítulo de la Guerra de las Galaxias se tratara.
Argumentó que sólo había una vía de "reforma constitucional" u otra de "guerra", faltando, a su juicio, una tercera de "solución pacífica".
No mencionó el Artículo 168 de la Constitución que permite desde 1978 la reforma completa de la misma, previa aprobación de dos terceras partes de ambas cámaras de las Cortes Generales, y la doble aprobación del pueblo español, soberano, en unas elecciones generales y luego en referéndum nacional.
Las narrativas eran un intento de "destorsionar la realidad" y de "desprestigiar el derecho", respondió el fiscal Zaragoza el miércoles, rechazando el papel de antagonista: "No parece de recibo culpar al Estado de una falta de diálogo como factor que aboca irremediablemente a ese proceso unilateral de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada".
EL JUZGADO Nº 13 DE BARCELONA
Varias de las defensas protestaron por la instrucción del Juzgado nº13 de Barcelona. El Sr. Van den Eynde (Junqueras, Romeva) lo calificó de "causa madre" y alegaba "una indeterminación completa de hechos" salientes de aquel juzgado, "porque no justifica su objeto" y porque dicha instrucción "se amplió sin ningún tipo de justificación".
También expuso argumentos en relación a una supuesta investigación extraprocesal por parte de la Fiscalía que dijo que remontaba a marzo de 2016 y la votación del 9 de noviembre de 2014.
La Sra. Arderiu (Forcadell) lo llegó a calificar de cuestión prejudicial y que "creemos que hay razones para la nulidad" debido a los "miles y miles de folios" salientes de ese juzgado. También reclamó que su cliente fuera tratada igual que los otros seis miembros de la Mesa del Parlament que serán juzgados en los tribunales en Cataluña—que no en el Tribunal Supremo—por los mismos hechos.
"La vulneración al derecho a usar el catalán ya se ha producido", añadió.
“No se ha vulnerado el acceso a un juez imparcial”, apuntó el Sr. Fernández (Vox).
El Sr. Bergés (Bassa) protestó que debido a esa instrucción, las pruebas de cargo "se han obtenido a espaldas de los acusados" y que "se nos ha denegado la mayoría de las diligencias que hemos solicitado", lo cual "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".
De ninguna manera, respondió el fiscal Cadena el miércoles: "todos los abogados y todos los encausados tenían acceso a toda la documentación del juicio de la causa".
Judit Gené Creus, abogada de Mertixell Borrás (ex consejera de Gobernación), dijo que "el 100% del material" contra su cliente provenía del Juzgado nº13 de Barcelona y que "la instrucción de la malversación se ha producido en el seno de otra causa", preguntándose cómo se puede investigar y enjuiciar "la malversación y la desobediencia sólo por la firma de un decreto".
El Sr. Zaragoza respondió a las alegaciones de una causa general que "no es cierto, no es el independentismo lo que se juzga", y que "el ejercicio de las actividades políticas no es un patente de corso" para cometer delitos.
"Es una falacia que hay que proclamar a los cuatro vientos. No se les ha perseguido por sus ideas, sino por sus hechos. Sólo se les ha perseguido cuando han quebrantado la ley."
También rechazó incluir otro juicio sobre una posible violencia policial en éste, apuntando que ese tema se está investigando ya en varios juzgados ordinarios de Cataluña.
Josep Riba Ciurana, para Carles Mundó (antiguo consejero de Justicia), expresó que "en el 13 de Barcelona no somos parte […] y no se ha podido intervenir", mientras que la Fiscalía, la Abogacía General del Estado y Vox "sí han tenido acceso" a ese juzgado "en una causa en la que no soy parte".
Tal situación, manifestó, afecta a la contradicción e igualdad de armas, principio que rige la práctica de pruebas en los juicios penales para evitar la indefensión de los acusados.
EJERCICIO DE DERECHO
“Nos encontramos ante este tribunal porque se han producido hechos delictivos” recogidos en el Código Penal, dijo la abogada del Estado, Rosa María Seoane López: “Estamos en un ejercicio del derecho penal democrático”.
"No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional", apuntó el Sr. Cadena: "No hay soberanía del pueblo catalán, hay soberanía del pueblo español. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos".
El juicio sigue mañana miércoles, a las 10:00 horas, con la primera declaración de uno de los acusados, Oriol Junqueras, el antiguo Vicepresidente del gobierno autonómico.