Los separatistas catalanes se enfrentan al juicio
(05/02/2019) El Supremo dicta que Mariano Rajoy podrá testificar en el juicio, pero no el Rey, Paul Preston o Noam Chomsky.
(Original publicado: 05/02/2019)
Al final del reciente documental de Netflix sobre la crisis separatista de 2017, en el que a su partido y a él mismo se les había dado la mayor parte del tiempo en pantalla para avanzar su narrativa preferida, y después de recibir el regalo de una de las conocidas figuritas defecadoras navideñas, los caganer, en forma de él mismo, Carles Puigdemont comentó que el humor catalán era muy escatológico.
Ayer, los grupos separatistas radicales conocidos como CDRs se jactaron en sus canales de Twitter y Telegram de haber ensuciado las entradas de varios de los tribunales de Cataluña con otro tipo de ofrenda, en concreto excremento y basura, en señal de protesta por el inminente juicio de sus líderes por rebelión y malversación de fondos públicos en el Tribunal Supremo en Madrid. Por si a alguien se le había escapado la metáfora, el eslogan para esta vuelta peculiar a los asuntos públicos en modo selva era "qué mierda de justicia". Un graffiti pintado en la pared del edificio de los juzgados de Cervera (Lérida) decía "la justicia española apesta a mierda fascista".
A los tribunales de Cataluña la falta de sutileza no les gustó y emitieron una declaración que condenaba la pocilga de manera "rotunda y enérgica" y lamentaba la falta de dignidad causada a los ciudadanos usuarios de las instalaciones. No es la primera vez que los separatistas marcan su territorio con algún zurullo (también sucedió durante la "guerra de los lazos amarillos" el verano pasado), pero al igual que la inútil huelga de hambre antes de la Navidad no logró nada, estas nuevas heces humeantes tampoco tendrán efecto alguno en el juicio que está a punto de empezar a 600km de distancia, en la capital.
Desde más lejos aún, en Bélgica, el Sr. Puigdemont concedió una entrevista a Associated Press e insistió en que apoyaría a sus antiguos colegas durante el proceso "porque están sufriendo una situación terriblemente injusta y humillante" y que el juicio "no será un acto de justicia sino de venganza".
El 1 de febrero, el Tribunal Supremo publicó una larga lista de personas que han sido aceptadas o rechazadas como testigos en el juicio, incluidos más de 100 agentes de policía. El ex Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el antiguo jefe de los Mossos, el Major Trapero, y la alcalde de Barcelona, Ada Colau, están entre los aceptados. El Rey, Noam Chomsky y Paul Preston están fuera, Su Majestad porque la ley española lo prohíbe y los señores Chomsky y Preston porque su trabajo como intelectuales no sirve para determinar qué sucedió durante los acontecimientos examinados. Y, a pesar de su papel en ese momento, al Sr. Puigdemont no se le permitirá testificar desde Bélgica: debería estar participando como acusado, ha dicho el tribunal.
"En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos."
El tribunal también ha dictaminado que los observadores internacionales, solicitados por las defensas, sobran: todas las sesiones se retransmitirán en directo en la televisión y por Internet, sin interrupción. "La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el número limitado de cinco sugerido por la defensa".
Incluso una lectura superficial del auto de pruebas—contiene 145 páginas—muestra que los jueces han aceptado testigos y documentos que podrán dar fe de lo que sucedió de manera directa y han rechazado a los testigos que, sin importar su nivel de educación o información, no podrán hacerlo de esa manera directa. Así es el cometido de los tribunales en todo el mundo y éste está compuesto de varios jueces del Tribunal Supremo del Reino de España, por lo que los observadores pueden sentirse tranquilos con el muy alto nivel de garantías jurídicas disponibles.
Afortunadamente para los españoles, los magistrados se están tomando muy en serio todo el asunto, alejados de la cobardía retórica del Sr. Puigdemont en Bélgica y de las protestas infantiles y enojadas que han ensuciado los edificios de los tribunales en Cataluña esta semana. Los acusados tal vez protestarían que se lo están tomando demasiado en serio, dados los 30 años de condena máxima que contiene el Código Penal para los líderes de una rebelión, lo cual incluye declarar la independencia de una parte de la nación.
Hubo una declaración de independencia el 27 de octubre de 2017—el Sr. Puigdemont ha dicho en la AP que aún es válida—y eso, si los tribunales y la Policía no hubiesen intervenido, habría llevado a la desaparición de una quinta parte del PIB y del 6% de la superficie del mapa de España, además de todo y todos presentes en ese territorio, estuvieran de acuerdo o no con la jugada de crear un Estado nuevo, una república independiente. La Constitución no permitía entonces y no permite ahora tal suceso, así que tanto el referéndum de octubre como las leyes autonómicas aprobadas para justificarlo en septiembre fueron declarados inconstitucionales rápidamente.
Más allá de la retórica internacional y las manifestaciones anuales para los medios, y a pesar de la respuesta poco imaginativa del Sr. Rajoy durante la mayor parte del período en cuestión, el continuo desprecio de los separatistas catalanes por el Estado de derecho es lo que ha llevado a España a este punto desde hace seis años y medio. La Fiscalía alega que algunas de las acciones de algunas de esas personas alcanzaron el nivel de conducta delictiva en esas ocasiones concretas y que, por lo tanto, deberían ser debidamente castigadas, y las defensas intentarán demostrar lo contrario. Sea cual sea el resultado, será un asunto civilizado, porque ese es el efecto que tiene la ley en los asuntos públicos.